"La gente cree estar plenamente informada sin haberse aproximado siquiera a una sola idea que contradiga sus prejuicios", Bill Keller.

1 de diciembre de 2004

La Justicia, tan empetrolada como las costas de Magdalena

Informe especial
El 15 de enero del ’99, el choque de dos barcos causó el mayor desastre ecológico sobre agua dulce de la historia mundial. Más de cinco millones de litros de petróleo contaminaron 30 kilómetros de la costa bonaerense. En conjunto, unos 500 pobladores de la localidad de Magdalena iniciaron una demanda contra la empresa Shell por mil millones de pesos. Pero, a casi seis años de la tragedia, los reclamos duermen el sueño de los justos
LA PLATA, 01 DIC 2004.- El mayor derrame de petróleo sobre agua dulce de la historia mundial ocurrió en Argentina el 15 de enero de 1.999. Y el reclamo correspondiente se encuentra paralizado en la Justicia, cuya última comunicación oficial se remonta al 14 de noviembre de 2.002. Las Comunas damnificadas iniciaron juicios y los vecinos lo hicieron por su cuenta. En la causa más importante, que aún no fue notificada a la empresa dueña del petróleo y reúne al 5 por ciento de los vecinos de un pueblo, se solicitan mil millones de pesos para reparar los daños a la salud, a la economía y al medio ambiente. Ahora presentaron una medida cautelar millonaria contra la Shell (ver despacho de las 10:01).
Tras el choque de los barcos Sea Paraná y Estrella Pampeana, de la petrolera Shell, una tarde de cielo celeste y calma en el mar, la empresa midió el derrame en 5 mil 300 metros cúbicos; cifra menos impactante que la reconocida más tarde: 5 millones 300 mil litros de petróleo. Los primeros datos fueron dados a conocer con la aparente intención de reducir el impacto informativo sobre el accidente, ya que pocas personas están dispuestas a hacer la conversión de una unidad de medición a otra. Otras fuentes, extraoficiales, señalan que la cantidad de crudo derramado pudo haber ascendido a 6 millones 500 mil litros. Una comparación: sería necesario cavar un pozo de un metro de profundidad por un metro de ancho desde el sur del continente americano hasta Estados Unidos para contener semejante cantidad de crudo.
Fue en las costas de la casi olvidada localidad de Magdalena -distante a unos 100 kilómetros de la Capital Federal-, cuyos vecinos sufren hoy las consecuencias mientras esperan desde hace más de cinco años que la Justicia Federal dicte las resoluciones que permitan activar los 69 juicios iniciados en ese fuero, virtualmente paralizados por temas de competencia que nada hacen a la cuestión de fondo: el tan temido daño al medio ambiente. Y todo ocurre mientras el planeta gira y la vida continúa, mientras la empresa petrolera responsable estudia, y hace pública, la posibilidad de vender sus activos en el país.
Los vecinos exigen una millonaria reparación por el millonario daño sufrido en el medio ambiente, en su vida económica y en su salud. Y entre ellos se encuentran quienes realizaron la limpieza de la zona "supervisados" por la petrolera sólo provistos de sus comunes trajes de baño y, en muchísimas ocasiones, en ropa interior.
El accidente ocurrió en el kilómetro 93 del canal del río de La Plata cuando el buque Sea Paraná, de bandera alemana, chocó al barco Estrella Pampeana, de la petrolera Shell, que transportaba hidrocarburos desde el sur argentino hacia el puerto de Buenos Aires. La colisión se produjo en un día de cielo absolutamente despejado y con las aguas del Río de La Plata decididamente calmas, lo que proporcionaba una perfecta visibilidad.
Y fue así que, choque mediante, y por ausencia absoluta de tareas de rescate del petróleo que fue derramado en el agua, el hidrocarburo demoró 2 días en enlutar la costa del pequeño pueblo bonaerense de 10 mil habitantes, cuyo único lujo y fuente de supervivencia eran sus costas; playas para mitigar el calor del verano y generar una propia microeconomía con emprendimientos gastronómicos y una pesca y caza hasta entonces muy generosas.
El petróleo contaminó aproximadamente 30 kilómetros de costa y llegó, incluso, hasta Berisso, en el Gran La Plata. El hidrocarburo ingresó particularmente en la zona de arroyos y humedales, hasta dos kilómetros tierra adentro. Allí todavía subsisten balnearios municipales de uso recreativo y turístico, comercios y poblaciones, así como el Parque Costero del Sur, una reserva de biosfera, declarada como tal internacionalmente por MAB/ UNESCO (Man and biosphere-hombre y biosfera- de la UNESCO), por la importancia ecológica de su flora y fauna autóctona, representativa del ecosistema natural existente en la ribera del Río de La Plata desde antes de la conquista Española.
Con el consecuente daño, los juicios no tardaron en llegar. Las municipalidades de Magdalena y de Berisso iniciaron sus reclamos. Y los vecinos hicieron lo propio en varias causas judiciales. Shell, en tanto, presentó en Capital Federal una demanda contra el propietario del Sea Paraná. El Estado bonaerense, entonces, bajo el mando de Eduardo Duhalde, al igual que el de la Nación, a cargo de Carlos Menem, se abstuvieron de su derecho de litigar: no presentaron demanda alguna, ni hicieron cumplir las leyes 24.051 de la Nación, ni la 11.720 y la 25.612 de disposición de residuos peligrosos, ni la 25.675, promulgada en el año 2.002, todas estas últimas en el Estado provincial.
Pero las circunstancias del país han hecho posible lo inverosímil. Los primeros problemas, con las causas iniciadas, fueron de competencia para determinar si la causa debía tratarse en los Tribunales Federales de La Plata o en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; aún hoy la Corte Suprema de Justicia no se expidió al respecto, pese a que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, en un substancial fallo de Román Frondizi, determinó la competencia en La Plata, en diciembre de 2.003.
El juez en turno en La Plata al momento del ingreso de la primera demanda de la Municipalidad de Magdalena, Ricardo Ferrer, dio unos primeros pasos en materia investigativa. Luego, el magistrado fue filmado con una cámara oculta por la que se lo acusó de cohecho, a raíz de una demanda presentada en otra causa por una empresa de deportes. Su lugar quedó vacante y los litigios por el derrame del petróleo quedaron en manos del Juzgado Federal Nro. 4, a cargo de su colega Julio César Miralles. Allí se encuentran las causas junto a otros 140 mil expedientes, de los cuales 35 mil se tramitan en la secretaría Once, donde actualmente se gestionan los juicios del petróleo con la suerte conocida.
Pero como todo ocurre mientras el planeta gira y la vida continúa entre tragedias, el tiempo pasó y los problemas propios del país presentaron nuevas trabas a las causas seguidas contra la petrolera: en diciembre de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, confiscó los ahorros bancarios, la medida fue confirmada luego por quien sería presidente electo por asamblea legislativa de los argentinos, Eduardo Duhalde, y comenzaron a llover juicios contra el llamado "corralito financiero". El sistema judicial colapsó y todas las causas por el derrame del petróleo, al igual que otras de juicios comunes, quedaron relegadas.
Aunque la Secretaría Once, a cargo de Gustavo Del Blanco, del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, se excusó durante esas primeras semanas de diciembre de 2.001 de recibir demandas contra el "corralito", con el correr de los meses el organismo judicial a cargo de Miralles quedó comprometido en una investigación sobre presuntas irregularidades en y para supuestas facilidades a estudios jurídicos "amigos", para "sacar" amparos en plazos escandalosamente cortos comparándolos con los amparos en general.
De ese juzgado y de la secretaria de Del Blanco surgió, sin embargo, la única resolución de la Justicia argentina al respecto; un fallo considerado como "uno de los más importantes en materia de medio ambiente", en el que la empresa petrolera fue condenada "a disponer adecuadamente sus residuos de hidrocarburos abandonados en las costas, sedimentos y ecosistemas de la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, conforme el régimen de la ley 11.720". El fallo, que no contempla resarcimiento económico alguno, fue apelado por la empresa demandada, dueña del petróleo que se derramó.
Otra de las causas en la que actúan más de 500 vecinos de Magdalena, no ha podido ser notificada aún a Shell, producto de las suspensiones de términos que han sufrido los juicios, tanto por la inusual demora en las resoluciones judiciales que permitirían su activación, como por las suspensiones ordenadas por la Corte de la Nación luego de la avalancha de los juicios por el ya mencionado "corralito".
Aunque Shell nunca fue notificada formalmente, las fuentes consultadas no dudan de que la empresa sabe de la existencia del reclamo, desde que la demanda fue presentada en la mañana del 27 de diciembre de 2.000. La Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal con sede en La Plata estudia en estos días, frente a la reiterada petición de los letrados intervinientes, si levanta o no la suspensión del proceso y ordena o no dar "traslado de la demanda" a la empresa Shell, por lo que después de casi 4 años, si la Justicia federal platense hiciera lugar a la solicitud de las más de 500 personas, Shell recibiría formalmente el reclamo.
Atrás quedaron los rudimentarios, insuficientes y perjudiciales trabajos de recuperación de las costas, que finalizaron a los cuarenta días del derrame. Atrás quedaron, olvidados por Shell, por la Justicia y por el Estado, los voluntarios -todas personas del pueblo de Magdalena- que trabajaron y cobraron diariamente de la empresa entre 20 y 30 pesos, sin recibos ni contratos de trabajo alguno, ni aportes ni obras sociales, ni vestimenta adecuada; incluido una veintena de menores de edad, uno de ellos de apenas 14 años, quienes trabajaron con sus propias ropas: la mayoría, en pleno verano, con trajes de baño y sin siquiera un par de zapatillas.
La situación bien puede ser más que gráfica sobre cómo se hicieron las cosas, y cómo se deberían haber hecho: el equipo de protección recomendado por las normas internacionales para los llamados "voluntarios totales", que se encuentran expuestos al contacto directo con el petróleo, es de máscaras con filtros para gases y vapores orgánicos, que se pueden reciclar, pero es imprescindible cambiarles diariamente el filtro para que sigan siendo efectivas; guantes de limpieza fuertes, no de latex, con otros guantes finos de hilo debajo, para el sudor; gafas protectoras; mono blanco desechable; botas que deben colocarse por dentro del traje blanco y del traje de agua para facilitar después la limpieza y descontaminación; y traje de agua de dos piezas.
Las recomendaciones internacionales, utilizadas en el caso del Prestige, en España, por dar un ejemplo de la seriedad con que se tratan este tipo de accidentes en otros sitios, aclaran que, una vez vestido completamente el voluntario, es necesario precintar con cinta de embalar muñecas y tobillos, pegando el traje de agua a los guantes y a las botas de forma que quede estanco. Tal es la diferencia entre el equipo que debió ser proveído y el que se utilizó en el derrame de Magdalena.
En el caso que nos ocupa, los jóvenes trabajaron para la petrolera en la limpieza de la costa con la vestimenta típica que utilizaban cuando iban a la playa limpia de petróleo. La misma ropa que aquí se usa para jugar un partido de fútbol entre amigos. El tiempo pasa y, más allá de seguir sumando intereses a los reclamos, los ciudadanos argentinos no encuentran respuesta alguna para situaciones que en los llamados países del primer mundo revisten gravedad política e institucional para los gobiernos.
La gente sobrevive sorprendida, luego de más de cinco años, porque en Magdalena no se hicieron presentes ni trabajaron entidades como Greenpeace, ni otros entes de defensa ambiental. Sólo resta señalar que, como dijo uno de los jóvenes voluntarios, "nadie nos pidió permiso para destruir nuestras costas con petróleo, y tampoco nos pide permiso la Justicia para ignorar nuestros reclamos. Lamentablemente no quieren darse cuenta de que nosotros vivíamos del río y de su costa, y que este problema está llevando a un pueblo entero a la desesperación, porque tenemos una cantidad insólita de casos de cáncer, de problemas de ‘virus’, de depresiones, y muchas otras cuestiones de salud", como unas manchas rojas que han comenzado a aparecer en la piel de quienes trabajaron en la costa.

Derrame - "En los diarios salía que todo estaba bien en Magdalena"

LA PLATA, 01 DIC 2004.- La mayoría está desesperada. Cuando no tienen qué comer, ni qué darles a sus hijos, aparecen en los lugares en que se reunieron para pensar juntos los pasos a seguir tras el derrame de petróleo frente a sus costas y preguntan: ¿hay alguna novedad en el juicio? Es que para los vecinos de Magdalena no hay manera de reparar el daño causado. Los más conscientes tienen miedo hasta del agua que toman de la canilla, agua de red y agua de pozo, mucho más sospechosa todavía. Y se preocupan y se piensan con una paranoia que no quieren transmitir al resto de los vecinos.
Sin embargo, quienes trabajaron en los rudimentarios, insuficientes y perjudiciales trabajos de recuperación de las costas, vestidos con simples trajes de baño, sienten hoy en carne propia consecuencias físicas imposibles de desunir del derrame: los más expuestos tienen manchas en la piel, como es el caso de Alberto Levaggi, quien trabajaba como jefe de guardavidas en el balneario municipal y hoy intenta disfrutar de su jubilación, con 69 años.
Dicen, además, las estadísticas pueblerinas, ésas que surgen en conversaciones imposibles, que en estos últimos años hubo muchas muertes por diferentes tipos de cáncer, aunque rápidamente aclaran que se desconoce si fueron causados por el petróleo. Entre las nuevas enfermedades que acosan a los vecinos se encuentran los cánceres linfáticos, ausentes hasta el derrame de los registros del inconsciente colectivo magdadelense.
En el pueblo se registraron, además, dos nacimientos de bebés muertos. Tampoco pueden estas muertes unirse al accidente de los barcos Sea Paraná, de bandera alemana, y el Estrella Pampeana, cargado con petróleo de la empresa Shell, el 15 de enero de 1.999, pero ambas embarazadas tuvieron contacto con el hidrocarburo. María Teresa Dalmacio, por ejemplo, lavaba la ropa de su marido, Jorge Jara, que trabajó en la contención del crudo que acosaba la costa de su pueblo.
El padre de la joven, Juan Antonio Dalmacio, de 62 años, graficó con espíritu campechano y humor a prueba de lutos lo que ocurre hoy con la gente que desafía las consecuencias de la contaminación, empujados por una desesperante situación económica y a pesar de los carteles que advierten que se está en zona de desastre ambiental: "sacan un pescado y se comen hasta los ojos".
Es que además de las enfermedades y las muertes sospechosas, el pueblo se quedó sin una pata importante de su economía con la destrucción de su costa, a pesar del gran esfuerzo que día a día hace la naturaleza por recuperarse.
La familia Tidone sufre la falta de juncos, otrora enormes y generosos para copar el terreno que el matrimonio y sus 10 hijos limpiaban casi diariamente. Hoy, ninguno va más a la playa para trabajar en lo único para lo que se prepararon desde toda la vida.
"La fuente de trabajo está perdida", sintetiza el hombre, desesperado. Su hijo Marcelo trabaja ahora en el campo, pero sólo consigue changas y no saca ni siquiera una décima parte de lo que solía ganar con los juncos, una industria que desapareció con el derrame y hoy sólo forma parte de trabajos artesanales.
"El río tiene sus trampas, pero nosotros las conocemos. No nos guiamos por la tabla de mareas ni nada. Nosotros esperamos la bajante y trabajamos", describió. Y afirmó: "hoy se pisa donde hay barro y sale como un aceite".
La pesca también se ha modificado. Los lancheros que aprovechaban la generosidad del río para pescar y pasear turistas, con sus cañas tuvieron que mudarse hacia mejores zonas alarmados por lo ocurrido. Algunos están regresando ahora, en este próximo verano argentino, aunque saben que ya casi nadie tiene suerte en la costa y hay que adentrarse al menos 2 mil metros para encontrar una buena pesca.
Es que en la playa el hidrocarburo de la Shell mató todo indicio de vida. José Luis Bincaz también es capaz de graficar la situación: "no hay pesca porque murió el alimento de los peces. Y los peces no vienen a pasear; si no es a comer, no vienen".
El hombre es propietario de un restaurante famoso, fundado en 1830, que era conocido por su cocina capaz de satisfacer a los clientes con los más exquisitos platos. Dicen que aún hoy lo logran, pero su carta ya no es lo que era. Todavía se pueden degustar vizcachas, ranas o perdices, pero no queda ni rastros de peces de la región, ni liza al escabeche, ni chupín al horno, ni corvina. "No hay más -dice Bincaz-, pero si hubiera tampoco lo compraría".
Bincaz y su mujer, Liliana Gandulfo, de 56 años, fueron dos de los que más trabajaron en la concientización de la gente del pueblo para que no sufriera los daños de la contaminación ambiental. Ella fue profesora de biología y aún trabaja en el complejo carcelario de Magdalena. "Pero además de los problemas de la salud y ambientales, nos quitaron la vida que teníamos. Evidentemente los magdadelenses tenemos nuestro estilo de vida. No nos dimos cuenta hasta que nos lo quitaron. Lo primero que vimos fue que a nuestro negocio, que trabajaba tan bien, no venía nadie, pero a todos nos quitaron nuestras costumbres, porque el río era un punto de encuentro", explicó la mujer.
Gandulfo recordó su infancia: "Además de una fuente de ingreso por la cantidad de gente que venía a pasar el verano, el río era un lugar de encuentro social, era bellísimo. Nosotros nos íbamos en bicicleta y nuestros hijos también, porque se encontraban ahí. Aunque tenemos pileta, nunca pude hacer nada para retenerlos porque no podía tener a todo el pueblo en el patio de mi casa. Ahora el lugar de encuentro es la plaza de Magdalena".
Rubén Cosimano, que es platense pero tiene una estación de servicios en el centro de Magdalena, fue uno de los principales impulsores para reunir a 500 de los 10 mil vecinos que viven en la ciudad en un solo juicio.
El hombre sospecha de una suerte de "inteligencia" de la empresa para que los juicios no prosperen. Y habla basado en su experiencia para reunir al 5 por ciento de los magdadelenses en la causa en la que también están Bincaz y su esposa.
"Mientras reuníamos las firmas para iniciar la demanda, los comerciantes me decían que tenían miedo porque la empresa les iba a mandar a la DGI... muchos no tenían sus cosas en regla y nunca demandaron... porque demandar, tendría que haber demandado el pueblo entero", describió.
Los vecinos están convencidos de que el barco de la empresa Shell no cumplía con las normas de seguridad para trasladar el petróleo y que ni siquiera tenía una doble pared de seguridad.
Pero por sobre todas las cosas, piensan que fueron subestimados por la empresa. "Qué puede pasar con un pueblito de Sudamérica, con un pueblito que se llama Magdalena, que encima está en Argentina. Vinieron, hicieron un poco de marketing y después desaparecieron, pero el petróleo todavía está acá, bajo tierra, bajo la arena, cualquiera hace un pozo y se da cuenta", describió Gandulfo.
Cosimano recuerda y comenta una sospecha generalizada: "Después de que se dieron por finalizados los trabajos aparecieron unos japoneses, y cada vez que venía alguien a la playa aparecía un fotógrafo. Y en los diarios salía que todo estaba bien en Magdalena".

Informe especial
Derrame - Las causas judiciales más importantes

LA PLATA, 01 DIC 2004.- Entre las causas más importantes que se tramitan en el Tribunal Federal de La Plata, se encuentra una de la Municipalidad de Magdalena que tiene sentencia, aunque fue apelada por la empresa Shell Capsa.
Se trata de una demanda por el daño ambiental en la que se exige la reparación del ecosistema y, aunque no contempla resarcimiento económico alguno, se calcula extraoficialmente que la petrolera debería invertir alrededor de 32 millones de dólares para darle cumplimiento.
En otra causa, el mismo Municipio solicita la suma de 200 millones de pesos por daños y perjuicios, aunque la presentación en la que el reclamo alcanza cifras millonarias es en la de los más de 500 vecinos nucleados bajo la carátula "Bincaz José Luis y otros c/ Shell Capsa y Ot. s/ daños, expediente 31.811", en la que se exigen mil millones de pesos más "rubros indeterminados" que podrían sumarse en el caso de que la Justicia dé un fallo favorable para los demandantes.

10 de septiembre de 2004

Junior

LA PLATA, ? SEP 2004.- Con la llegada de la primavera comienza a cambiar el aire de La Comarca Viedma - Carmen de Patagones. El Río Negro promete y regala un atardecer imperdible, rojo anaranjado y azul celeste de aire limpio. Los chicos aprovechan la tarde para el canotaje y la navegación a vela. Pero este septiembre será diferente. Hay un antes y después en la vida de La Comarca que entró en la historia por la masacre en la escuela “Islas Malvinas”.
Un adolescente de 15 años vació el cargador de una pistola sobre sus compañeros y recargó el arma para disparar otras tres veces: tres compañeros murieron en el aula y otros cinco resultaron heridos.
Como en todo el interior bonaerense, la gente vive del campo. Han pasado años difíciles y de endeudamientos, por la falta de riego y la baja calidad de la tierra, pero la zona es inminentemente agrícolo - ganadera. Trabajar en el campo o en la administración pública de Río Negro es el único futuro.
El emplazamiento original de La Comarca -el fuerte Del Carmen fue fundado en 1.779-, nació del lado de Patagones, que ahora tiene 30 mil habitantes, la mayoría nacido allí; frente a los 50 mil de su vecino Viedma, capital provincial, soñada capital federal en la década del ´80 y de una composición social mucho menos estanca.
Atrás ha quedado el ímpetu un puerto interior que, pujante, supo llevar dinero a la ciudad hasta la década del ´40, cuando los barcos todavía podían recorrer los 30 kilómetros desde la desembocadura en el océano Atlántico.
Otros transportes, como el tren y los camiones, relegaron el trabajo portuario a la actualidad: apenas una lancha de transporte para cruzar el río ida y vuelta, o dar un paseo turísticos por las aguas azul oscuro.
Del poblado fundacional del Virreynato del Río de La Plata quedan las ruinas que lo conmemoran y la iglesia de 119 años, el Banco Provincia y las construcciones habitacionales de la zona del puerto. Y el Cerro de la Caballada todavía mira orgulloso a la ciudad que recuerda el combate en el que expulsó al Brasil invasor, imperialista, el 7 de Marzo de 1827.
Hoy la gente vive en una simbiosis que hace una a La Comarca y vuelve imposible pensar un pueblo sin el otro. A pesar de las diferencias, el río no separa, une. Y la capital rionegrina aporta trabajo administrativo para los habitantes de una y otra ciudad.
El pueblo es tranquilo a ambas márgenes del río. Pero del lado de la provincia de Buenos Aires carga sobre sus espaldas con datos oficiales que lo desnudan: según estadísticas del consejo del Menor y la Familia de Patagones, dos adolescentes se suicidan por año en el pueblo de 30 mil habitantes.
La repetición de suicidios es una preocupación desde hace varios años. Uno de los amigos de uno de los estudiantes heridos el último martes de septiembre se suicidó hace algunos meses. Y poco antes, también este año, una chica se quitó la vida arrojándose al río.
“Lo sensato que podemos hacer los humanos es suicidarnos”, escribió en el banco del colegio, con lápiz negro, el chico que el martes desató una tragedia dentro de su aula. “Si alguien conoce el sentido de la vida, por favor escribirlo acá [..............................]”, puso al lado.
Aquel hijo de La Comarca era reservado, callado, nunca contaba nada sobre su vida. Le decían “Pantriste” y sólo tenía un amigo, pero cuando alguien establecía un diálogo con él “era buenísima onda”.
Dicen que se vestía de negro, pero los compañeros responden que se exagera: “era el chico más inocente del curso”.
El pueblo campechano, amable, llora hoy su determinación para disparar contra sus compañeros, es “culpable” de la masacre y se lo estigmatiza para que aparezca su “locura”. Sandra Muñoz, Evangelina Miranda y Federico Ponce ya no están; Natalia Salomón, Rodrigo Torres y Pablo Saldías, luchan por salvar sus vidas en salas de terapia intensiva;
Nicolás Leonardi y Cintia Casasola llevarán las marcas del plomo para siempre. Es lo único real.
“Rafael también es una víctima. Si hay alguien responsable en el fondo de todo esto somos nosotros, los adultos. Hay algo que no estamos escuchando, algo que estamos desatendiendo. Quizás, y esto no quiere decir que lo disculpe, Rafael quiso decir algo con todo lo que hizo, algo que no puede decir de otra forma”, dijo, a tres días de la masacre, Patricia, la pareja del padre de Pablo, el chico que a esa altura de los acontecimientos se
debatía entre la vida y la muerte en el hospital, con tres tiros en el cuerpo.
La mañana del martes 28
Sobre lo ocurrido el martes 28 en el 1ro. B de la escuela Islas Malvinas, poco puede agregarse, pero tal vez sea necesario desandar una y otra vez el camino.
A las 7.30 de aquella mañana, Rafael esperaba en el aula de la escuela, como el resto de sus compañeros, la llegada del profesor de Ciencias Sociales. En el pizarrón verde, escrito con tiza, dos extraños mensajes miraban a los alumnos. Uno era la mención al apellido del chico al que más cargaban: “Kulich gay”... y debajo, con una caligrafía exquisita, en inglés: “la venganza es un plato que se come frío”.
Una alumna de un aula vecina, que entró al curso para pedir una lapicera, contó que escuchó que una de las chicas le preguntaba a Rafael si había estudiado. Le contestó que si y mientras ella se disponía a cruzar la puerta para volver a su aula, Rafael se puso de pie y sacó un arma de su cintura.
Ella corrió lo más rápido que pudo y se refugió con sus compañeros, pero no contó nada, incluso después de que los disparos empezaran a sonar a sus espaldas. Para todos los que no estaban dentro del 1ro. B, los estampidos del arma eran ruidos de bancos contra la pared.
La suerte de las víctimas estaba echada. Evangelina Miranda recibió un tiro en el abdomen, Sandra Nuñez en el corazón. Ambas se sentaban en el primer banco, justo al lado de Rafael. Federico Ponce, el que más lo cargaba, fue alcanzado por un disparo en el pecho. Pablo Saldías saltó sobre el arma para detener las balas pero recibió tres impactos: uno en el pecho, otro en el abdomen y el tercero en la cintura. Natalia Salomón un tiro en el pecho, cerca de la axila, y otro en el brazo derecho. Cintia Casasola resultó herida en un brazo. Los chicos se tiraban detrás de los bancos y corrían fuera del aula para escapar a la balacera. Rafael también salió.
En el pasillo de la escuela, Nicolás Leonardi fue alcanzado por un disparo en el hombro izquierdo. Y las balas se acabaron.
Pero el chico tiró el cargador que estaba vacío y puso otro lleno. Volvió a disparar una, dos, tres veces. Y el arma se trabó. Su compañero de banco y único amigo, Dante Pena, aprovechó para pegarle en el brazo y la pistola Browning 9 milímetros cayó al piso.
Rafael fue detenido por la policía en la vereda del colegio. “Los chicos que salían de la escuela y nos lo señalaban para que lo detengamos”, contó el comisario Roberto Diego. Luego, en su despacho, iba a contar que “se encontraba en estado de shock y no recordaba lo ocurrido”.
En la escuela, la policía secuestró la pistola con un cargador con 9 balas y otro cargador vacío. Rodrigo tenía otro cargador intacto -con 12 balas- y un cuchillo de supervivencia, de gran tamaño y gran filo.

1 de septiembre de 2004

Parir y matar a los 18

LA PLATA, 01 SEP 2004.- La chica no habla. Permanece en silencio al llegar la Policía a su casa. Y también calla en la comisaría, con las manos esposadas a su espalda. No dice nada cuando la trasladan a los Tribunales, ni en los Tribunales de Campana. Tampoco en el hospital en el que se encuentra internada por la infección que tiene en su útero. Sólo mira como extrañada. Puede ser acusada por homicidio calificado y puede ser condenada a reclusión perpetua, pero no habla más que con el silencio. Tiene 18 años y está acusada de estrangular a su beba, nacida tras 36 semanas de solitaria gestación.
Parió en su casa, quién sabe en qué condiciones, escondida. Tuvo una beba y no pudo más. Quién sabe si lloró, entró en pánico, en odio, o qué pensaba la adolescente. Lo cierto es que las pruebas recolectadas hasta ahora indican que asesinó a la bebé, que la estranguló, según confirmaron las pericias realizadas sobre el pequeño cadáver, que en su lenguaje indican “muerte por compresión vascular en las carótidas”.
A una cuadra de su casa, en el cruce de las calles 4 y 25, de Lima, en Zárate, los vecinos sintieron vahos nauseabundos y denunciaron la presencia de una “bolsa ospechosa de la que salía mal olor”.
Fue de esa manera que la Policía dio con el cadáver de la bebé y pronto obtuvo las pruebas que la llevaron hasta la casa de clase media en donde había una chica que todos sabían embarazada, aunque lo ocultara. La joven no reconoció el hecho.
Aún no prestó declaración ante el fiscal Juan José Maraggi, a cargo de la UFI Número 2, ni habló ante los policías que llegaron a su casa. También calló en la comisaría, con las manos esposadas a su espalda. No dijo nada cuando la trasladaron a los Tribunales, ni en los Tribunales de Campana. Tampoco en el hospital en el que la internaron. Pero habla su cuerpo, que da leche y que obligó a los médicos a realizarle un raspaje para evitar que se extendiera la infección que tiene en su útero.
La adolescente fue detenida acusada de homicidio calificado y, de ser hallada culpable, podrían condenarla a reclusión perpetua. Por el momento, nada parece indicar que hubiera sufrido una violación, pero faltan recabar datos que puedan explicar tan terribles circunstancias. El fiscal espera que hoy declare.

18 de agosto de 2004

Un arma por seguridad

LA PLATA, 18 AGO 2004.- El arma estaba apoyada en la barra y los chicos intentaban convencer a Funes para que hiciera una pequeña inversión. "Por seguridad", le decían, y lo miraban con ojos ávidos de una respuesta positiva. El dueño del bar dudaba y, mientras en la tele pasaban los Juegos Olímpicos, Florentino dejó su mesa y se acercó despacito para mirar el revólver. Lo levantó y ¡PUM!... se acabó una vida en el bar El Toro de la tranquila y bonaerense Olavarría.
Asustado, Funes se llevó las manos al pecho. Salía sangre. Florentino abrió los ojos sorprendido y sólo atinó a dejar el arma sobre el mostrador y mirarse las manos. Los chicos pegaron un grito de susto que los asustó más, a ellos, al pobre Funes que se moría y al pobre Florentino, el matador. Tomaron el arma y corrieron a la vereda en dirección que sólo ellos recordarán, porque nadie los vio.
El pobre de Funes, dueño del bar de la esquina de Ituzaingó y Pueyrredón, murió a los 65 años en el piso del negocio con un tiro en el tórax. Y el pobre Florentino, Martín Florentino, fue acusado de "homicidio simple".
Los acontecimientos fueron dados a conocer hoy, aunque se produjeron ayer a las 19.45 en el bar El Toro de la tranquila Olavarría.

11 de agosto de 2004

En cumplimiento de la Ley


Está en marcha el “Proyecto de Seguridad Ciudadana”

LA PLATA, 12 AGO 2004. “Cumplimos con 17 de los 20 proyectos que iniciamos desde la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se formó hace poco más de un año en La Plata”, dijo hoy en conferencia de prensa el juez federal Alberto Durán. Entre los aspectos en que se trabajan se encuentra la instalación de garitas y cámaras de videos en espacios públicos, cursos de capacitación y la coordinación de tareas preventivas con la Municipalidad.
Según la Comisión, uno de los puntos que más reclaman los vecinos es la instalación de una serie de garitas de seguridad en plazas, parques y el bosque platense. De acuerdo al proyecto, serán instaladas un total de 70, de las cuales “17 ya fueron puestas en funcionamiento y otras 36 serán adquiridas y colocadas durante la semana próxima”, adelantó el funcionario.
Si bien las primeras garitas fueron instaladas en el casco urbano, la idea original y el plan en proceso contemplan que las mismas ocupen espacios ubicados en el Gran La Plata, donde muchos vecinos se encuentran lejos de las sedes policiales.
Las garitas trabajarán especialmente en el aspecto preventivo, pero también realizarán tareas administrativas menores “desde la semana próxima”, de acuerdo a lo informado en la conferencia de hoy.
Además, Durán aseguró que las comisarías platenses ya no tienen detenidos en sus celdas, para lo que en la última semana fueron trasladados alrededor de 150 presos; aunque es incierto el sitio en el que se encuentran alojados, ya que, por lo que pudo saber este medio, los mismos se encontrarían en celdas de dependencias del interior del distrito.
Según los integrantes de la Comisión, el delito bajó en la ciudad de La Plata un 30 por ciento, mientras que en el último año se sufrió apenas un secuestro extorsivo, contra los cinco que se producen diariamente en la provincia de Buenos Aires.
Entre los aspectos más positivos que fueron destacados en la conferencia se encuentra la capacitación del personal policial, sin distinción de jerarquías; los acuerdos con la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata; y el aumento del personal al triple, y a más del doble en los vehículos disponibles, para el Comando de Patrullas local, para lo que se exigió la devolución de los autos que utilizaban funcionarios políticos provinciales.
Respecto a la instalación de cámaras en el centro platense, Durán aseguró que la idea surgió de la comisión, sin que se basaran en experiencias de otras ciudades del mundo: “No conocemos que exista en ningún sitio”, expresó, al ser consultado si se basaban en el ejercicio que significó este tipo de cuidados en los estadios de fútbol locales o el funcionamiento de 2.000 cámaras de video en Atenas, para cuidar el normal desarrollo de los Juegos Olímpicos.
En lo que respecta a los aspectos que más incomoda a los vecinos de las comisarías, Durán aseguró a los “desprevenidos periodistas” que “ya no hay vehículos secuestrados en las puertas de las dependencias policiales”.
El juez se refirió también a las funciones que tendrá la comisión, entre las que se destacan el dictado de cursos sobre prevención de las adicciones y el ordenamiento de las ordenanzas municipales, para chequear su operatividad en lo que respecta a la nocturnidad, los vendedores ambulantes y el transporte ilegal.
Además, el Juez Federal aseguró que la línea “0800 seguridad” recibió en el año más de 600 denuncias.
Otro de los asuntos polémicos tiene que ver con la utilización de las fotografías que toma la policía a los detenidos, imputados y condenados, y que pueden verse en la sede de la comisión. El sistema se llama Modus Operandi de Policía y cuenta con un total de 3.000 fotografías, sin necesidad de que la persona que sea incluida en la base de datos haya sido condenada.

10 de agosto de 2004

Comisión de Inseguridad

Punto por punto, el proyecto del juez platense Alberto Durán
Informe especial - Comisión de Seguridad Ciudadana: lo prometido es deuda
LA PLATA, 13 de JUN 2005.- El debate abierto a partir de un pedido de interpelación al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta capital, el juez federal Alberto Durán, promete transformarse en una interesante posibilidad para analizar cómo se utilizan las "sensaciones" en materia de inseguridad para hacer política.
Mientras que los concejales del ARI y del Frente Renovador Platense pretenden conocer cuáles son los aportes económicos que realiza el Ejecutivo local para el funcionamiento del organismo municipal, puede avanzarse en una exploración sobre las principales ideas que debían gobernar el proyecto, sus propuestas públicas y los resultados del trabajo presentado en agosto del año pasado en una conferencia de prensa en la sede de la calle 51 entre 9 y 10.
Durtante la semana pasada, por ejemplo, la polémica se centró en el funcionamiento de las casetas de seguridad instaladas en diferentes puntos de La Plata.
Los vecinos manifestaron en reiteradas oportunidades sus quejas ante la ausencia de efectivos durante las 24 horas. El proyecto inicial señalaba que debía haber "dos" vigilantes y no uno como señaló el propio presidente de la comisión en diferentes entrevistas realizadas durante la semana.
Un exhaustivo análisis de las propuestas presentadas originalmente permite asegurar que son mayoría las cuentas pendientes de esta iniciativa que nació el 30 de diciembre de 2003 y fue anunciada en agosto del año pasado.
Al nacer la Comisión a través de un decreto municipal fechado el 30 de diciembre de 2003, la Policía todavía contaba con Comandos de Patrullas, por lo que algunos de los puntos que pretendía cumplir en materia de patrullajes en la ciudad eran contemplados en las reformas que el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaba adelante con la disolución de esas dependencias y la conformación de las Policías Distritales, que comprende un sistema de cuadrículas para recorrer las diferentes jurisdicciones en materia de prevención del delito y la creación de la línea 911.
Los puntos 1, 2 y 3 del proyecto se referían al disuelto Comando de Patrullas. El cuarto, en tanto, trataba sobre los operativos en los que fuera necesario "el cerramiento de las distintas entradas y salidas con que cuenta la ciudad", pero se trataban de recomendaciones operativas que tampoco tienen valor a la luz de los cambios en la Policía bonaerense.
Los puntos 5 y 6 son dos de los más polémicos. En ellos aparecen mencionadas las casetas de seguridad. "La prevención ha de tener un punto central, la creación de puestos fijos, que reemplazarán móviles fijos o estacionados, que ya estos últimos actúan a la manera de casillas donde se resguardan de las condiciones climáticas los efectivos allí asignados, desnaturalizando la función propia del móvil.
Tal como indica su nombre, la tarea de los móviles es circular por la ciudad recorriendo la jurisdicción territorial que se le asigne, se explicaba a la prensa en la síntesis del plan "La Plata - Ciudad Segura en Ley".
Estas casetas debían tener capacidad para "alojar a dos efectivos con una medida mínima de cinco metros cuadrados que les permita protegerse de las inclemencias del tiempo".
Las casillas que se encuentran instaladas en el partido de La Plata son de doble chapa y aluminio, con vidrio laminado, y tienen techo de chapa con canaletas. Apenas una docena cuentan con el servicio de electricidad.
Al instalarlas, pasaron por alto el tema de la luz y, aunque la empresa Edelap - que presta el servicio de energía en esta región- aceptó instalar provisoriamente algunas conexiones -según dijeron en la Comisión-, la concesionaria pretende ahora que cada una cuente con un medidor, lo que significaría una erogación que nadie estuvo aún dispuesto a afrontar.
El llamado "puesto fijo" debía convertirse en "la avanzada que permitirá al vecino evacuar toda aquella inquietud primaria y asesoramiento sin necesidad de trasladarse a la seccional".
Sin embargo, la mayoría de las veces no hay policías que puedan ayudar a los platenses, y en casi ningún caso se cumple la guardia de 24 horas prometida. Tampoco se realizan los trámites como certificados de domicilios y de supervivencia, que fueron anunciados.
Además, los policías que se encuentran en las garitas no cuentan con handies, como lo indica el proyecto, y algunos de ellos deben comunicarse con sus compañeros a través de su teléfono celular.
El juez Durán responsabilizó a las autoridades policiales locales del desabastecimiento de handies a los uniformados. En ese sentido explicó que "en el interior de cada caseta debería haber un policía munido de una radio de comunicación, y ese policía, más allá de lo que pueda decir cualquier funcionario, inclusive de la tremenda importancia que pueda tener el ministro de Seguridad (León Arslanián), tiene que pensar que en los alrededores de la ciudad probablemente haya zonas donde no existe la radiocomunicación, ni la telefonía móvil ni de tierra".
Además, el plan indicaba que se trataba de "puestos fijos", aunque ahora el juez federal lo desmiente. Para explicar la ausencia de los efectivos policiales durante todo el día, el magistrado indicó que el reglamento de funcionamiento –que todavía no se dio a conocer aunque ya fue entregado a los titulares de las comisarías de la Distrital La Plata-, señala que "el vigilante no debe estar adentro de la caseta porque no cumple ninguna función. Tiene que estar caminando en cuatro o cinco cuadras alrededor de la caseta".
Por otra parte, esta semana trascendió que este tipo de vigilancia no responde a los requerimientos que pretende el ministerio de Seguridad. Su titular, León Arslanián, consideró el miércoles que, si se optimizara el servicio de emergencias 911 -que ofrece una respuesta rápida ante casos de inseguridad- "probablemente no serían necesarias la garitas".
"Cuando hay un servicio central de emergencias telefónicas, todos los efectivos policiales del área de seguridad tienen que estar al servicio de este dispositivo, lo que supone aumentar las cuadrículas y tener la cantidad de patrulleros suficientes", dijo el funcionario provincial.
Por eso, señaló que "es necesario revisar cuidadosamente el sistema" de las garitas, para luego "tomar una decisión sobre su funcionamiento", considerando así la posibilidad de eliminarlas próximamente.
El punto 7 del proyecto, en tanto, exige a la policía mayor patrullaje en la zona del bosque platense; presencia permanente de una pareja de efectivos de Caballería; rondas en motocicletas en el centro de la ciudad y rondines de policías de a pie que vigilarán el centro comercial, tareas que ya se realizaban antes de la formación de la Comisión.
El octavo punto es otro de los que muestran los tropiezos de la Comisión. El 12 de agosto se entregó al periodismo local una copia del proyecto en el que se indicaba que "en el plazo máximo de 9 meses" el distrito contaría con "comisarías modelos" en las que no se alojarían detenidos. Se comenzó con la seccional Octava, ubicada en las calles 7 y 74, y debía alcanzar a las 14 dependencias platenses.
"Las comisarías trasladaron a todos los detenidos y son las únicas en el país que no tienen presos en sus celdas", informó el 12 de agosto el juez Durán.
Aunque era cierto que los presos ya no estaban alojados en las dependencias locales, es igual de cierto que habían sido trasladados a comisarías del interior del distrito, las que quedaron comprometidas con la cantidad de personas alojadas en sus calabozos, que en algunos casos superaba el doble su capacidad de alojamiento. Cañuelas, Saladillo, Berisso y Romero eran los destinos de los detenidos de la capital provincial.
El titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana lo reconoció en una entrevista con esta agencia el jueves 2 de junio y responsabilizó por la situación al ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco: "Hay un decreto del ministro de Justicia que dice que solamente puede haber hasta 25 mil (detenidos en las prisiones bonaerenses) y no puede haber más".
El tema de las comisarías modelo era planteado en la llamada Ley Arslanián, que pretendía que las seccionales policiales poseyeran solamente "calabozos de tránsito". Al parecer, la idea de cumplir con esta reglamentación puede generar más de un dolor de cabeza en el caso de no existir una dependencia especialmente preparada para alojar a los presos; idea que fue esbozada pero que no ha avanzado.
Actualmente, a un mes de vencido el plazo propuesto, no hay detenidos en las comisarías Quinta, Octava, Novena y Décima, aunque en todos los casos responde a necesidades edicilias y sus instalaciones se encuentran en refacción para hacer "habitables" sus calabozos o para ampliar su capacidad. El resto de las seccionales se encuentran superpobladas de presos.
El punto 9 del proyecto indica que se promoverían cursos, conferencias, jornadas y actividades prácticas en la "Escuela Superior de Policía" de la que el presidente de la Comisión es "jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas".
Para el traslado de los detenidos, el punto 10 anunciaba la firma de "un convenio con el Jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia con el propósito de que los detenidos en dependencias de esta ciudad sean trasladados a Unidades de dicho Servicio cuando se encuentren dadas las condiciones legales para esa remisión".
La Comisión se anunció como promotora de la construcción de una alcaidía en la localidad platense de Melchor Romero, con mano de obra del Plan Trabajar. Pero los trabajos no registran adelantos significativos. En este punto, es para destacar que la Comisión no lo enumeró entre sus proyectos ni atribuciones, aunque en las conferencias de prensa fue uno de los temas enumerados.
En el punto 11, se anunciaba que se promovería la idea de que sólo el personal de agrupamiento debía cumplir las tareas administrativas de las seccionales policiales. En tanto que en el punto 12 se prometía que ya no habría vehículos abandonados en las veredas de las comisarías.
El ítem 13 detallaba "tareas mancomunadas entre la Policía local y la Oficina de Control Urbano", sin que se explayara en ninguna actividad particular.
El 14 es uno de los puntos que pueden considerarse cumplido. Anunciado en el proyecto presentado a la prensa el 12 de agosto de 2004, el 6 de enero de este año el intendente platense, Julio Alak (PJ), firmó un decreto con el que creó "la Comisión Fiscalizadora de Actividades Recreativas Incómodas" que en el plan de la Comisión de Seguridad se anunciaba con "responsabilidad en relación a todos los espectáculos públicos que traigan aparejada una concentración masiva de personas".
Sobre el edificio en el que funciona la Comisión, el punto 15 prometía la instalación de un sistema de "servicio de rastreo satelital" con el que se pretendía verificar en cualquier momento el sitio en el que se encontraba cada patrullero. En este sentido, sólo se avanzó en la colocación de planos de la ciudad en las paredes del edificio.
La Comisión pretendía contar, y así lo anunciaba en el punto 16 del proyecto, con una "central única de emergencia que concentre el requerimiento en materia de seguridad, bomberos, ambulancias públicas y en relación a todo evento siniestral de singular envergadura", algo de lo que se encargaba, en aquel momento, el ministerio de Seguridad y que funciona desde principios de año bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial con el número de emergencias 911.
El punto 17 es otro de los que parecen haber sido cumplidos. En él se anunció la instalación de una línea gratuita 0800, que funciona como recepción de demandas, sugerencias y denuncias.
El punto 18 prometía la "constitución de programas de prevención de temas específicos vinculados a hechos de continua alteración del orden público generados en problemas con la juventud en sus distintas manifestaciones, sea por abandono de los jóvenes y niños en las calles, trabajo de menores, prostitución infantil, violencia familiar y consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes", del que no se han tenido mayores novedades ni se han promocionado mayores avances.
La Comisión a cargo de Durán se disponía también a promover "una lucha transparente y enérgica contra los distribuidores y traficantes de estupefacientes", aunque sólo se proponía solicitar a la Policía una ampliación en la dotación de la "delegación policial de investigaciones complejas y narcocriminalidad".
El último de los puntos del proyecto firmado por el juez federal prometía un "trabajo mancomunado con los distintos foros vecinales y municipal de seguridad" y se anunciaban "audiencias públicas con el propósito de elaborar planes y programas" de los que tampoco hubo mayor información pública, aunque también sería uno de los puntos en los que se logró un avance, ya que los foros han sido los principales demandantes de casetas de seguridad.
Hay otros dos ítems que no se encuentran en el proyecto original presentado a la prensa pero que fueron promocionados por la Comisión.
Uno es la instalación de cámaras de seguridad y el otro es el del uso de fotografías de personas que fueron "detenidas" alguna vez para la identificación de delincuentes.
Respecto de la instalación de cámaras, Durán aseguró que la idea surgió de la Comisión, sin que se basara en experiencias de otras ciudades del mundo, aunque el sistema ya funciona en varias localidades del interior de la Provincia: "No conocemos que exista en ningún sitio", expresó el magistrado.
Entre las herramientas con que cuenta la Comisión, también se encuentran los libros llamados de "modus operandi de policía", que, según se había detallado, podrían consultarse en la sede de la avenida 51. Se trata de un total de 3 mil fotografías que la Policía toma a los detenidos y que son exhibidas sin necesidad de que la persona incluida en la base de datos haya sido condenada.
El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, sostuvo en un fallo del miércoles que este procedimiento es ilegal, aunque de todas maneras es defendido por los fiscales provinciales y por el ministro Arslanián y será apelado por la Procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo.
Estos son los puntos que presentó la Comisión de Seguridad Ciudadana y que serán debatidos en el Consejo Deliberante platense en caso de que prospere el pedido de interpelación solicitado por la oposición.

9 de agosto de 2004

Hace amigo - Segunda parte

Las sacarían después de las elecciones octubre
El ministerio de Seguridad retirará las casetas de seguridad de La Plata

LA PLATA, 21 SEP 2005.- El ministro de Seguridad bonaerense, León Arlanián, aseguró anoche que las garitas de seguridad colocadas en distintas zonas de esta capital “se van a sacar” porque “se necesita un esquema muy dinámico de despliegue de personal y no un esquema estático”. Creen que estarán hasta después de las elecciones del 23 de octubre.
Las declaraciones fueron realizadas en la localidad de Villa Elisa, poco antes de la presentación del primer Mapa Vecinal de Prevención Comunitaria del Delito, en el marco de una polémica con la municipalidad de La Plata, que puso en marcha el sistema a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana que preside el juez federal Alberto Durán.
Curiosamente, el juez Durán se encontraba en el acto, pero se retiró mucho antes de que finalizara la exposición de los funcionarios de Seguridad, sin cruzar palabras con Arlanián, según informaron fuentes de la cartera provincial.
Mientras el juez insiste en defender el sistema con el argumento de que “la gente las quiere”, el Ministro explicó que “una garita puede ser interesante porque cuida un lugar en particular”, al tiempo en que se preguntó “cuánto más cuida un policía que camina y se desplaza de un lugar a otro ejerciendo la prevención y vigilancia”.
Arslanián agregó que el sistema de garitas es incompatible con el 911, al describir que el sistema de emergencias telefónicas “obliga a tener un despliegue cuidadoso de personal en la calle para que esté cerca del lugar donde se produce un hecho”. Y, categórico, agregó: “donde hay una central de emergencias telefónicas manda la central de emergencias”.
La colocación de casetas policiales en La Plata, de cámaras de video en algunos “puntos estratégicos” de la ciudad y la creación de comisarías modelos en el partido, fueron los más importantes puntos del proyecto municipal que nació el 30 de diciembre de 2003 y fue anunciado como casi completado en agosto del año pasado.
La pequeñas casillas de chapa de 2 por 3 metros fueron creadas a partir del punto 5 del proyecto de la Comisión, el que indicaba que son un “puesto fijo”. Aunque Durán anunciaba que el proyecto estaba casi cumplido en agosto de 2004, las casetas funcionaron tal como se planteaba originalmente sólo durante los últimos tres meses.
La situación hasta el mes de junio fue errática. Por un lado, la policía no lograba cumplir con el objetivo de mantener personal uniformado durante las 24 horas, lo que comenzó a cumplirse recién el viernes 3 de junio pasado, y por otro los expertos del Ministerio de Seguridad señalaban que era un sistema perimido, debido a que era estático.
Recién en esos días se hicieron públicas las reticencias de Arslanián para con el proyecto, en el que sin embargo hasta ese momento habían participado varios de sus subalternos en la jefatura Distrital de La Plata, entre ellos el actual jefe, comisario Inspector Horacio Inda.
En una entrevista que Durán dio a esta agencia el 2 de junio pasado, el propio juez dudaba de cuál debía ser el funcionamiento de las casillas: “el vigilante no debe estar adentro de la caseta porque no cumple ninguna función. Tiene que estar caminando en cuatro o cinco cuadras alrededor de la caseta, eso dice el reglamento de funcionamiento”, se excusó.
Las casillas iban a servir, además, para que los vecinos que viven lejos de las comisarías puedan realizar algunos trámites, como gestionar “certificados de supervivencia y de domicilio”, según anunció en agosto el propio Durán. En la entrevista a esta agencia, aseguró que el proyecto comenzaría a funcionar en Villa Elisa “la semana que viene”, algo que evidentemente no ha ocurrido.
Las casetas, además, jamás contaron con energía eléctrica, por lo que los uniformados permanecían en penumbras durante la noche, sólo iluminados por el alumbrado público.
Al respecto, esta agencia pudo saber que la Comisión de Seguridad no podía afrontar el gasto que representaría la colocación de medidores, exigidos por Edelap. Hasta entonces, se podían ver algunas conexiones “transitorias”, según reconocieron en la propia municipalidad.
Un problema que persisitió durante los tres meses en los que funcionaron las casetas, fue que los policías no siempre contaban con el equipo de comunicación adecuado y muchos de los efectivos que eran destinados en estos puestos se comunicaban con sus compañeros a través de sus teléfonos celulares personales: “problema de la Policía que los tiene que proveer de handys”, afirmó en su momento el Juez.
Además del tema de las casetas, la comisión de seguridad impulsó un proyecto integral que poco y nada ha logrado avanzar en lo que se refiere a iniciativas puntuales.
Otro de los grandes anuncios realizados fue el de hacer de las seccionales policiales de La Plata comisarías modelo. Para eso, en la conferencia de prensa dada en agosto del año pasado, el propio Durán aseguró que ya no había presos en las celdas de la ciudad.
Sin embargo, la falta de un estudio sobre la situación de las comisarías permitió que el plan se mantuviera sólo durante una semana. Además, trajo como consecuencia el hacinamiento de detenidos en las celdas de las comisarías del interior del distrito, por la cantidad de detenidos que se derivaban desde La Plata capital.
Impulsivo, el juez plantense repartía las culpas en el incumplimiento de sus proyectos al Ministerio de Seguridad en lo que respecta a las casetas de seguridad y al Ministerio de Justicia por las demoras en la construcción de una alcaldía que aún no fue inaugurada, aunque las obras avanzan.
Pero el proyecto contaba además con un tercer punto altisonante que tampoco fue cumplido: la colocación de cámaras de seguridad que, según los medios locales, podrían colocarse en “los caminos de acceso al distrito, parques, plazas y zonas comerciales” y del que desde agosto del año pasado hasta ahora no se ha tenido más que alguna promesa, a pesar de que su utilidad también es muy cuestionada por los expertos en seguridad.

24 de junio de 2004

Vidas robadas

LA PLATA, 05 JUN 2004.- Un grupo de ocho adolescentes y jóvenes de entre 17 y 20 años que habían sido alojadas en un hotel de Necochea bajo la tutela del Estado Provincial, luego de que denunciaran que eran obligadas a prostituirse, fueron rescatadas del lugar, en el que había tres mujeres mayores de edad que ejercerían la prostitución: encontraron una habitación espejada, además de ropa erótica y un bar en funcionamiento. Una de ellas estaba con un hombre en una de las habitaciones sin que hubiera registros de pasajeros. Las víctimas estaban con custodia policial, pero la Justicia demoró casi 15 días en descubrir la situación.
Las jóvenes, de nacionalidad paraguaya, habían sido alojadas en un hotel del llamado "centro nuevo" de la ciudad, luego de que se escaparan de un departamento ubicado frente al casino local. Hace dos semanas, las chicas se presentaron en la comisaría Tercera, en la Villa Balnearia, y denunciaron que habían sido engañadas para viajar a la Argentina, donde les ofrecieron trabajo pero nunca les advirtieron que debían prostituirse. Ahora se encuentran alojadas en un campig de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en las afueras de la ciudad, en el parque Miguel Lillo, dijeron fuentes de la Policía y confirmaron fuentes del ministerio de Desarrollo Humano.
El allanamiento fue concretado por orden de la jueza de menores María Angélica Bernal, quien comprobó que las adolescentes compartían el hotel con una mujer dominicana de 26 años, una paraguaya de 30 y una chilena de 32 que ejercerían la prostitución en el lugar por decisión propia.
Las fuentes dijeron que todavía resta evaluar las pruebas recolectadas en el lugar, debido a que no había registros de que hubiera algún pasajero, y tratan de saber si el dueño del hotel cobraba a las mujeres un porcentaje de lo que recaudarían, ya que encontraron un cuaderno que complicaría la situación del hombre y una barra en funcionamiento en la que había varias botellas de bebidas alcohólicas.
Las adolescentes fueron ubicadas en el hotel que linda con la comisaría en la que radicaron la denuncia por orden de la justicia local, con una custodia policial que no informó lo que ocurría puertas adentro, a pesar de que las víctimas denunciaron que se habían escapado de manos de una organización que las obligaba a prostituirse.
Según dijeron ante la Policía y ratificaron luego ante la jueza, habían sido engañadas en Paraguay, donde les habían ofrecido trabajo en Argentina, aunque recién se enteraron de lo que se pretendía de ellas cuando llegaron a Necochea.
El caso estuvo en manos de un juez subrogante hasta que la jueza se reincorporó a su trabajo, lo que ocurrió el día lunes. Fue en ese momento cuando fue descubierta la situación y se allanó el lugar, con la presencia de la magistrada y de dos abogados de la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia que viajaron especialmente para participar del procedimiento, concretado el martes por la noche.
Según se sospecha, el abogado de la supuesta proxeneta, que se encuentra involucrada en una causa de iguales características desde mayo de 2003, tenía acceso al lugar, lo que preocupó a las autoridades provinciales debido a que, según se ha determinado en casos de este tipo, los proxenetas tienden a intimidar a las víctimas para que nos los denuncien.
El hotel en el que fueron alojadas las menores es el Flamingo, se encuentra ubicado sobre la calle 83 entre 6 y 8, la misma calle que en verano es peatonal, y su fondo linda con los de la comisaría en la que las chicas habían realizado la denuncia.
Aunque estaban con custodia policial, las autoridades necesitaron allanar el lugar para descubrir que había tres mujeres que ejercerían la prostitución, ya que en sus habitaciones encontraron lencería erótica y fotografías pornográficas y a una de ellas la sorprendieron mientras estaba con un hombre, presunto prostituyente. Además, encontraron en el lugar una suerte de habitación VIP, con sus paredes cubiertas de espejos.
Al parecer, las mujeres reclutaban a sus clientes en la calle y tenían relaciones sexuales en el hotel que compartían con las jóvenes tuteladas, aunque no se descarta que el lugar funcionara también como albergue transitorio, pese a que no había ningún registro de actividades económicas.
Las menores fueron inmediatamente retiradas del hotel y trasladadas al camping de la UATRE, donde permanecen con custodia mientras se instruyen las actuaciones. La menor de las jóvenes se encuentra en estos momentos con la madre, que viajó desde Paraguay.
Uno de los problemas con los que se encuentra la Justicia en este tipo de casos, que se enmarcan en un delito que en la mayoría de los casos salen a la luz pública cuando las chicas se escapan de la situación de esclavitud a la que son sometidas, es la ubicación de las personas, que deberían ser trasladadas a su país de origen.
El ministerio de Seguridad bonaerense trabaja en un plan con algunos jueces de menores, el ministerio de Desarrollo Humano y la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y la Organización Internacional de Migraciones para encontrar las maneras de enfrentar este tipo de delito.

7 de enero de 2004

Entran por una puerta y salen por la otra

Los detenidos son derivados a dependencias policiales del interior
Aseguran que ya no hay presos en las comisarías platenses
LA PLATA, 12 AGO 2004.- “Las comisarías platenses trasladaron a todos los detenidos y son las únicas en el país que no tiene presos en sus celdas”. Así lo informó hoy el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de La Plata, el juez federal Alberto Durán. Sin embargo, esta agencia pudo saber que los detenidos son trasladados en su gran mayoría a comisarías del interior del distrito, igualmente comprometidas con la cantidad de personas alojadas en sus calabozos, que en algunos casos supera en el doble a su capacidad.
“La propuesta de trasladar a los detenidos había sido realizada hace un año y hoy podemos decir que lo hemos cumplido”, explicó Durán. En una conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en 51 entre 9 y 10, el magistrado señaló que “en un año cumplimos o estamos en procesos de cumplir 17 de los 20 puntos del proyecto de seguridad ciudadana” que sus integrantes bautizaron “La Plata, ciudad segura en ley”.
En la conferencia, Durán se ufanó de que “ya no hay presos en las comisarías platenses, por lo que cumplimos con la idea de crear ‘comisarías modelos’, y todos los presos fueron trasladados de acuerdo a las disposiciones de la Justicia”.
Pero la noticia arrojada por Durán tiene su contracara en los alrededores de la capital provincial. Mediante un relevamiento, esta agencia pudo acreditar que el hecho de que las celdas platenses estén vacías se debe, simplemente, a que los presos son trasladados a otras comisarías, por lo que el problema, más que solucionarse, es corrido de lugar.
Al respecto, fuentes policiales señalaron que “si una persona es detenida durante la madrugada puede pasar unas horas en una celda, pero es inmediatamente puesta a disposición del fiscal y el juez de Garantías, y a primera hora de la mañana se lo traslada a los tribunales. Si se dispone su detención tenemos que pedir cupo al Servicio Penitenciario, pero si no tiene lugar, lo ponemos a disposición de la Departamental La Plata, que decide en qué seccional queda alojado”. Lo difícil para las autoridades policiales consultadas fue explicar adónde se traslada a los presos, pero finalmente reconocieron que se lo hacen a comisarías del interior como Cañuelas, Saladillo, Berisso o Romero.
En Cañuelas, por ejemplo, la capacidad de los calabozos es para doce personas, pero hay veintiún detenidos, de los cuales la mayoría fueron remitidos desde comisarías platenses. Lo mismo ocurre en Saladillo, donde sólo la mitad de los presos alojados fueron detenidos en esa localidad.
El tema de las comisarías modelo era planteado en la llamada Ley Arslanián, que pretendía que las seccionales policiales posean solamente “calabozos de tránsito”. Al parecer, la idea de cumplir con esta reglamentación puede generar más de un dolor de cabeza en el caso de no existir una dependencia especialmente preparada para alojar a los presos; idea original del proyecto de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
En el plan escrito hace un año se contempla la construcción de una alcaldía en el gran La Plata, en la localidad de Melchor Romero, con mano de obra del Plan Trabajar. Este edificio funcionaría como sede única de detención, según describió el Juez Federal, y está propuesto en el proyecto desde julio de 2003. Su construcción es todavía un enigma, pero las autoridades parecen apuradas en cumplir con la ley y patean a los presos platenses hacia el interior.