Comisión de Inseguridad

Punto por punto, el proyecto del juez platense Alberto Durán
Informe especial - Comisión de Seguridad Ciudadana: lo prometido es deuda
LA PLATA, 13 de JUN 2005.- El debate abierto a partir de un pedido de interpelación al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de esta capital, el juez federal Alberto Durán, promete transformarse en una interesante posibilidad para analizar cómo se utilizan las "sensaciones" en materia de inseguridad para hacer política.
Mientras que los concejales del ARI y del Frente Renovador Platense pretenden conocer cuáles son los aportes económicos que realiza el Ejecutivo local para el funcionamiento del organismo municipal, puede avanzarse en una exploración sobre las principales ideas que debían gobernar el proyecto, sus propuestas públicas y los resultados del trabajo presentado en agosto del año pasado en una conferencia de prensa en la sede de la calle 51 entre 9 y 10.
Durtante la semana pasada, por ejemplo, la polémica se centró en el funcionamiento de las casetas de seguridad instaladas en diferentes puntos de La Plata.
Los vecinos manifestaron en reiteradas oportunidades sus quejas ante la ausencia de efectivos durante las 24 horas. El proyecto inicial señalaba que debía haber "dos" vigilantes y no uno como señaló el propio presidente de la comisión en diferentes entrevistas realizadas durante la semana.
Un exhaustivo análisis de las propuestas presentadas originalmente permite asegurar que son mayoría las cuentas pendientes de esta iniciativa que nació el 30 de diciembre de 2003 y fue anunciada en agosto del año pasado.
Al nacer la Comisión a través de un decreto municipal fechado el 30 de diciembre de 2003, la Policía todavía contaba con Comandos de Patrullas, por lo que algunos de los puntos que pretendía cumplir en materia de patrullajes en la ciudad eran contemplados en las reformas que el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaba adelante con la disolución de esas dependencias y la conformación de las Policías Distritales, que comprende un sistema de cuadrículas para recorrer las diferentes jurisdicciones en materia de prevención del delito y la creación de la línea 911.
Los puntos 1, 2 y 3 del proyecto se referían al disuelto Comando de Patrullas. El cuarto, en tanto, trataba sobre los operativos en los que fuera necesario "el cerramiento de las distintas entradas y salidas con que cuenta la ciudad", pero se trataban de recomendaciones operativas que tampoco tienen valor a la luz de los cambios en la Policía bonaerense.
Los puntos 5 y 6 son dos de los más polémicos. En ellos aparecen mencionadas las casetas de seguridad. "La prevención ha de tener un punto central, la creación de puestos fijos, que reemplazarán móviles fijos o estacionados, que ya estos últimos actúan a la manera de casillas donde se resguardan de las condiciones climáticas los efectivos allí asignados, desnaturalizando la función propia del móvil.
Tal como indica su nombre, la tarea de los móviles es circular por la ciudad recorriendo la jurisdicción territorial que se le asigne, se explicaba a la prensa en la síntesis del plan "La Plata - Ciudad Segura en Ley".
Estas casetas debían tener capacidad para "alojar a dos efectivos con una medida mínima de cinco metros cuadrados que les permita protegerse de las inclemencias del tiempo".
Las casillas que se encuentran instaladas en el partido de La Plata son de doble chapa y aluminio, con vidrio laminado, y tienen techo de chapa con canaletas. Apenas una docena cuentan con el servicio de electricidad.
Al instalarlas, pasaron por alto el tema de la luz y, aunque la empresa Edelap - que presta el servicio de energía en esta región- aceptó instalar provisoriamente algunas conexiones -según dijeron en la Comisión-, la concesionaria pretende ahora que cada una cuente con un medidor, lo que significaría una erogación que nadie estuvo aún dispuesto a afrontar.
El llamado "puesto fijo" debía convertirse en "la avanzada que permitirá al vecino evacuar toda aquella inquietud primaria y asesoramiento sin necesidad de trasladarse a la seccional".
Sin embargo, la mayoría de las veces no hay policías que puedan ayudar a los platenses, y en casi ningún caso se cumple la guardia de 24 horas prometida. Tampoco se realizan los trámites como certificados de domicilios y de supervivencia, que fueron anunciados.
Además, los policías que se encuentran en las garitas no cuentan con handies, como lo indica el proyecto, y algunos de ellos deben comunicarse con sus compañeros a través de su teléfono celular.
El juez Durán responsabilizó a las autoridades policiales locales del desabastecimiento de handies a los uniformados. En ese sentido explicó que "en el interior de cada caseta debería haber un policía munido de una radio de comunicación, y ese policía, más allá de lo que pueda decir cualquier funcionario, inclusive de la tremenda importancia que pueda tener el ministro de Seguridad (León Arslanián), tiene que pensar que en los alrededores de la ciudad probablemente haya zonas donde no existe la radiocomunicación, ni la telefonía móvil ni de tierra".
Además, el plan indicaba que se trataba de "puestos fijos", aunque ahora el juez federal lo desmiente. Para explicar la ausencia de los efectivos policiales durante todo el día, el magistrado indicó que el reglamento de funcionamiento –que todavía no se dio a conocer aunque ya fue entregado a los titulares de las comisarías de la Distrital La Plata-, señala que "el vigilante no debe estar adentro de la caseta porque no cumple ninguna función. Tiene que estar caminando en cuatro o cinco cuadras alrededor de la caseta".
Por otra parte, esta semana trascendió que este tipo de vigilancia no responde a los requerimientos que pretende el ministerio de Seguridad. Su titular, León Arslanián, consideró el miércoles que, si se optimizara el servicio de emergencias 911 -que ofrece una respuesta rápida ante casos de inseguridad- "probablemente no serían necesarias la garitas".
"Cuando hay un servicio central de emergencias telefónicas, todos los efectivos policiales del área de seguridad tienen que estar al servicio de este dispositivo, lo que supone aumentar las cuadrículas y tener la cantidad de patrulleros suficientes", dijo el funcionario provincial.
Por eso, señaló que "es necesario revisar cuidadosamente el sistema" de las garitas, para luego "tomar una decisión sobre su funcionamiento", considerando así la posibilidad de eliminarlas próximamente.
El punto 7 del proyecto, en tanto, exige a la policía mayor patrullaje en la zona del bosque platense; presencia permanente de una pareja de efectivos de Caballería; rondas en motocicletas en el centro de la ciudad y rondines de policías de a pie que vigilarán el centro comercial, tareas que ya se realizaban antes de la formación de la Comisión.
El octavo punto es otro de los que muestran los tropiezos de la Comisión. El 12 de agosto se entregó al periodismo local una copia del proyecto en el que se indicaba que "en el plazo máximo de 9 meses" el distrito contaría con "comisarías modelos" en las que no se alojarían detenidos. Se comenzó con la seccional Octava, ubicada en las calles 7 y 74, y debía alcanzar a las 14 dependencias platenses.
"Las comisarías trasladaron a todos los detenidos y son las únicas en el país que no tienen presos en sus celdas", informó el 12 de agosto el juez Durán.
Aunque era cierto que los presos ya no estaban alojados en las dependencias locales, es igual de cierto que habían sido trasladados a comisarías del interior del distrito, las que quedaron comprometidas con la cantidad de personas alojadas en sus calabozos, que en algunos casos superaba el doble su capacidad de alojamiento. Cañuelas, Saladillo, Berisso y Romero eran los destinos de los detenidos de la capital provincial.
El titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana lo reconoció en una entrevista con esta agencia el jueves 2 de junio y responsabilizó por la situación al ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco: "Hay un decreto del ministro de Justicia que dice que solamente puede haber hasta 25 mil (detenidos en las prisiones bonaerenses) y no puede haber más".
El tema de las comisarías modelo era planteado en la llamada Ley Arslanián, que pretendía que las seccionales policiales poseyeran solamente "calabozos de tránsito". Al parecer, la idea de cumplir con esta reglamentación puede generar más de un dolor de cabeza en el caso de no existir una dependencia especialmente preparada para alojar a los presos; idea que fue esbozada pero que no ha avanzado.
Actualmente, a un mes de vencido el plazo propuesto, no hay detenidos en las comisarías Quinta, Octava, Novena y Décima, aunque en todos los casos responde a necesidades edicilias y sus instalaciones se encuentran en refacción para hacer "habitables" sus calabozos o para ampliar su capacidad. El resto de las seccionales se encuentran superpobladas de presos.
El punto 9 del proyecto indica que se promoverían cursos, conferencias, jornadas y actividades prácticas en la "Escuela Superior de Policía" de la que el presidente de la Comisión es "jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas".
Para el traslado de los detenidos, el punto 10 anunciaba la firma de "un convenio con el Jefe del Servicio Penitenciario de la Provincia con el propósito de que los detenidos en dependencias de esta ciudad sean trasladados a Unidades de dicho Servicio cuando se encuentren dadas las condiciones legales para esa remisión".
La Comisión se anunció como promotora de la construcción de una alcaidía en la localidad platense de Melchor Romero, con mano de obra del Plan Trabajar. Pero los trabajos no registran adelantos significativos. En este punto, es para destacar que la Comisión no lo enumeró entre sus proyectos ni atribuciones, aunque en las conferencias de prensa fue uno de los temas enumerados.
En el punto 11, se anunciaba que se promovería la idea de que sólo el personal de agrupamiento debía cumplir las tareas administrativas de las seccionales policiales. En tanto que en el punto 12 se prometía que ya no habría vehículos abandonados en las veredas de las comisarías.
El ítem 13 detallaba "tareas mancomunadas entre la Policía local y la Oficina de Control Urbano", sin que se explayara en ninguna actividad particular.
El 14 es uno de los puntos que pueden considerarse cumplido. Anunciado en el proyecto presentado a la prensa el 12 de agosto de 2004, el 6 de enero de este año el intendente platense, Julio Alak (PJ), firmó un decreto con el que creó "la Comisión Fiscalizadora de Actividades Recreativas Incómodas" que en el plan de la Comisión de Seguridad se anunciaba con "responsabilidad en relación a todos los espectáculos públicos que traigan aparejada una concentración masiva de personas".
Sobre el edificio en el que funciona la Comisión, el punto 15 prometía la instalación de un sistema de "servicio de rastreo satelital" con el que se pretendía verificar en cualquier momento el sitio en el que se encontraba cada patrullero. En este sentido, sólo se avanzó en la colocación de planos de la ciudad en las paredes del edificio.
La Comisión pretendía contar, y así lo anunciaba en el punto 16 del proyecto, con una "central única de emergencia que concentre el requerimiento en materia de seguridad, bomberos, ambulancias públicas y en relación a todo evento siniestral de singular envergadura", algo de lo que se encargaba, en aquel momento, el ministerio de Seguridad y que funciona desde principios de año bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial con el número de emergencias 911.
El punto 17 es otro de los que parecen haber sido cumplidos. En él se anunció la instalación de una línea gratuita 0800, que funciona como recepción de demandas, sugerencias y denuncias.
El punto 18 prometía la "constitución de programas de prevención de temas específicos vinculados a hechos de continua alteración del orden público generados en problemas con la juventud en sus distintas manifestaciones, sea por abandono de los jóvenes y niños en las calles, trabajo de menores, prostitución infantil, violencia familiar y consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes", del que no se han tenido mayores novedades ni se han promocionado mayores avances.
La Comisión a cargo de Durán se disponía también a promover "una lucha transparente y enérgica contra los distribuidores y traficantes de estupefacientes", aunque sólo se proponía solicitar a la Policía una ampliación en la dotación de la "delegación policial de investigaciones complejas y narcocriminalidad".
El último de los puntos del proyecto firmado por el juez federal prometía un "trabajo mancomunado con los distintos foros vecinales y municipal de seguridad" y se anunciaban "audiencias públicas con el propósito de elaborar planes y programas" de los que tampoco hubo mayor información pública, aunque también sería uno de los puntos en los que se logró un avance, ya que los foros han sido los principales demandantes de casetas de seguridad.
Hay otros dos ítems que no se encuentran en el proyecto original presentado a la prensa pero que fueron promocionados por la Comisión.
Uno es la instalación de cámaras de seguridad y el otro es el del uso de fotografías de personas que fueron "detenidas" alguna vez para la identificación de delincuentes.
Respecto de la instalación de cámaras, Durán aseguró que la idea surgió de la Comisión, sin que se basara en experiencias de otras ciudades del mundo, aunque el sistema ya funciona en varias localidades del interior de la Provincia: "No conocemos que exista en ningún sitio", expresó el magistrado.
Entre las herramientas con que cuenta la Comisión, también se encuentran los libros llamados de "modus operandi de policía", que, según se había detallado, podrían consultarse en la sede de la avenida 51. Se trata de un total de 3 mil fotografías que la Policía toma a los detenidos y que son exhibidas sin necesidad de que la persona incluida en la base de datos haya sido condenada.
El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, sostuvo en un fallo del miércoles que este procedimiento es ilegal, aunque de todas maneras es defendido por los fiscales provinciales y por el ministro Arslanián y será apelado por la Procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo.
Estos son los puntos que presentó la Comisión de Seguridad Ciudadana y que serán debatidos en el Consejo Deliberante platense en caso de que prospere el pedido de interpelación solicitado por la oposición.