La responsabilidad de los civiles

Avanza sobre las responsabilidades de los civiles
Caso Hooft - Formalizaron pedido de jury a juez que actuó en la dictadura
LA PLATA, 28 SEP.- Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata, junto a la Comisión Provincial por la Memoria, formalizaron hoy ante la Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires el pedido de juicio político para el juez de esa ciudad Pedro Federico Hooft, por 148 delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos en su actuación durante la dictadura militar y continuados durante los años de democracia.
Las organizaciones solicitan que el magistrado sea suspendido en sus funciones y pueda ser sometido a juicio penal no sólo por su actuación en la denominada "Noche de las corbatas", en la que se secuestró a varios abogados marplatenses, sino también por sus intentos para interferir en el desarrollo del Juicio por la Verdad en la ciudad.
El caso Hooft puede convertirse en un emblema de la lucha contra la impunidad que impulsan las organizaciones de Derechos Humanos, debido a que avanza sobre las responsabilidades de los civiles durante el último golpe de estado en Argentina; un hecho que toma mayor relevancia ante la posibilidad de que el secuestro de Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio en el que se condenó por "genocidio" a Miguel Etchecolaz, pudiera responder a la posibilidad de que algunos sectores apunten a que "no se siga avanzando" con los procesos a represores, tal como teme el Gobierno nacional y bonaerense.
Durante una conferencia de prensa que se desarrolló hasta esta tarde en la sede platense de la Comisión por la Memoria, donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la que trabajó –entre otros- Etchecolaz, el presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón, destacó que "la presentación es muy importante porque el golpe de estado del '76 fue un golpe cívico militar". Y agregó: "el plan de exterminio fue posible por las complicidades de los civiles".
Luego de ratificar que Hooft "debe ser juzgado para que la impunidad no sea consagrada", Cañón destacó que en Bahía Blanca, donde se desempeña como Fiscal General, "hay testimonios que revelan la vinculación entre el Ejército y el Poder Judicial" y reveló que durante el desarrollo del Juicio por la Verdad "las amenazas comenzaron cuando comenzamos a investigar a los civiles".
Cañón reafirmó, además, que la presentación colectiva, que suma a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y a los particulares damnificados al pedido de Jury presentado en julio por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, "demuestra que todos los que apostamos por la verdad, la justicia y la memoria estamos aunados".
En su breve interpretación de la llamada "Noche de las corbatas", operativo durante el que se secuestró a abogados marplatenses, Cañón aseguró que "la única vinculación para la cacería de abogados laboralistas como objetivo a ser eliminado era que podían molestar al plan económico de (José) Martínez de Hoz", ministro de economía de la dictadura militar.
La "Noche de las corbatas" da nombre a un operativo que se desarrolló en Mar del Plata entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el que se secuestró a los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-, así como a José Verde y su esposa y a María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. Sólo sobrevivieron José Verde y su esposa, Camilo Ricci y Carlos A. Bozzi.